Decreto emanado de  la Presidencia de la Republica. Por el cual se fijan tarifas para el cobro de los servicios de vigilancia y seguridad privada. Elaborado como una medida preventiva ante la competencia desleal, se elaboran estos límites teniendo en cuenta los montos laborales y las tarifas administrativas; además de las variaciones que presentan estos costos en distintos sectores industriales y residenciales.

Reglamentado por el numeral 11 del articulo 189 de la Constitución política, artículos 92 del decreto 358 de 1994 y 4 numeral 26 del decreto 2453 de 1993.